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as acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, son derechos cuya expresión está siendo criminalizada cada vez con mayor intensidad. En México, a lo largo del sexenio 2012-2018, se presentaron o aprobaron leyes y reglamentaciones que pretenden, tanto a nivel federal como estatal, regular el espacio público y las expresiones de inconformidad social.

Con preocupación, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado y denunciado la forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.

Asimismo, se han documentado actos de represión y agresiones contra quienes se organizan y ocupan el espacio público para defender sus derechos; y muchos de los casos en los que se han cometido violaciones a derechos quedan en total impunidad.

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l Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social surge en abril de 2013 conformado originalmente por 8 organizaciones de la sociedad civil y una red de más de setenta organizaciones y personas preocupadas por un contexto en el que, por acción o por omisión, surgen violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan.

A partir de la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto, el FLEPS y otras organizaciones y colectivos han observado que la respuesta del Estado ante la protesta social se caracterizó por su carácter represivo, criminalizante y estigmatizante, en medio de un contexto generalizado de crisis en derechos humanos. Por ello, las organizaciones y personas que conforman este Frente se han dedicado a labores de incidencia y documentación para erradicar esta situación.

En la Ciudad de México, los cambios en diciembre de 2014 de los titulares de la Secretaría de Gobierno (SG) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-CDMX) fueron determinantes para disminuir actos violentos durante manifestaciones y para abrir un diálogo más constante con la sociedad civil. Ejemplo de ello fue la aprobación del Protocolo de protección de personas en contexto de manifestaciones o reuniones, resultado de las mesas de trabajo entre el FLEPS, la SSP-CDMX, SG y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) en 2016. Por otro lado, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución de la Ciudad de México, que incluye artículos favorables a la protesta social y libertad de expresión. En contraste, la discusión de dos protocolos adicionales por la SSP-CDMX, sobre detenciones y uso de la fuerza respectivamente, se realizó sin convocar o solicitar insumos de organizaciones de la sociedad civil.

Ciertamente, a nivel federal y en otros estados de la República, los desarrollos en la materia no ha sido tan positivos. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que incumple estándares internacionales en la materia. Durante varias sesiones de marzo de 2017, la SCJN también discutió sobre los estándares de uso de la fuerza a partir de la impugnación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, resolviendo en sentido negativo a la protesta y avalando dicha normativa, la cual es ambigua y permite el uso discrecional de la fuerza pública en contra de manifestantes. Además, siguen pendientes en la Cámara de Diputados y en varios estados leyes que restringen o criminalizan la protesta social. Asimismo, ocurrieron hechos violentos en contextos de protesta que derivaron en lesiones y hasta muertes, como en el caso de la protesta del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.

Los primeros meses de 2017 vieron un incremento en el número de protestas tanto en la Ciudad de México como en otras zonas no tradicionalmente reconocidas por sus manifestaciones sociales en el país, dadas en respuesta al Gasolinazo como parte de las medidas implementadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto debido a la incertidumbre económica generada por la llegada al poder del Presidente Donald Trump en los Estados Unidos. En este contexto, el FLEPS pudo observar de nueva cuenta los esfuerzos del gobierno en articular una narrativa negativa en medios tradicionales de comunicación y redes sociales, buscando desacreditar en los ojos de la población el ejercicio legítimo de la libertad de asamblea pacífica y asociación.

Todo lo anterior demuestra que, si bien hay avances en la materia de promover el ejercicio del derecho a la asociación pacífica y libertad de expresión, también existen retrocesos, los cuales dependen en gran medida en la voluntad política de quienes ocupan altos cargos en instituciones clave.

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l presente documento busca hacer una síntesis significativa, más no abarcativa, del ejercicio y situación de los derechos a la libertad de expresión y la protesta social durante el sexenio 2012-2018 con información sobre los movimientos sociales, algunos casos de violaciones a estos derechos, caracterizaciones sobre el proceder de las instituciones y el monitoreo a las leyes que restringen su ejercicio. Asimismo, busca compartir reflexiones de cara al cambio de sexenio que nos permitan construir una nueva agenda para la garantía del derecho a la libertad de expresión y la protesta social.