Organizaciones conformantes
Nuestra búsqueda
Las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones, son derechos cuya expresión está siendo criminalizada cada vez con mayor intensidad. En México, recientemente se han presentado o aprobado leyes y reglamentaciones que de forma injustificada pretenden, tanto a nivel federal como estatal, regular el espacio público y las expresiones de inconformidad social.
Con preocupación, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, hemos documentado y denunciado la forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada, limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.
Historia
El Frente por la Libertad de Expresión y la Portesta Social surge en abril de 2013 conformado por 8 organizaciones de la sociedad civil, una red de más de setenta organizaciones y ciudadanos y ciudadanas preocupados por un contexto en el que por acción o por omisión surgen violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan.
Si bien las manifestaciones han ido en aumento desde la toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, a lo largo de los últimos años el FLEPS ha observado un cambio en la manera en que éstas se desarrollan.
En la Ciudad de México, los cambios en los titulares de la Secretaría de Gobierno (SG) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-CDMX) fueron determinantes para disminuir actos violentos durante manifestaciones social y abrir un diálogo más constante con la sociedad civil. Ejemplo de ello fue la aprobación del Protocolo de protección de personas en contexto de manifestaciones o reuniones, resultado de las mesas de trabajo entre el FLEPS, la SSP-CDMX, SG y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) en 2016. Por otro lado, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución de la Ciudad de México que incluye artículos favorables a la protesta social y libertad de expresión. En contraste, la discusión de dos protocolos adicionales por la SSP-CDMX, sobre detenciones y uso de la fuerza respectivamente, se realizó sin convocar o solicitar insumos de organizaciones de la sociedad civil.
Ciertamente, a nivel federal y en otros estados de la República, los desarrollos en la materia no ha sido tan positivos. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo sobre la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que incumple estándares internacionales en la materia. Durante varias sesiones de marzo de 2017, la SCJN también discutió sobre los estándares de uso de la fuerza a partir de la impugnación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, resolviendo en sentido negativo a la protesta y avalando dicha normativa que es ambigua y permite el uso discrecional de la fuerza pública en contra de manifestantes. Además, siguen pendientes en la Cámara de Diputados y en varios estados leyes que restringen o criminalizan la protesta social; y ocurrieron hechos violentos en contextos de protesta que derivaron en lesiones y hasta muertes, como en el caso de la protesta de Nochixtlán, Oaxaca.
Los primeros meses de 2017 vieron un incremento en el número de protestas tanto en la Ciudad de México como en otras zonas no tradicionalmente reconocidas por sus manifestaciones sociales en el país, en respuesta a las medidas implementadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto debido a la incertidumbre económica generada por la llegada al poder del Presidente Donald Trump en los Estados Unidos. En este contexto, el FLEPS pudo observar de nueva cuenta los esfuerzos del gobierno en articular una narrativa negativa en medios tradicionales de comunicación y redes sociales, buscando desacreditar en los ojos de la población el ejercicio legítimo de la libertad de asamblea pacífica y asociación.
Todo lo anterior demuestra que, si bien hay avances en la materia de promover el ejercicio del derecho a la asociación pacífica y libertad de expresión, también existen retrocesos, los cuales dependen en gran medida en la voluntad política de quienes ocupan altos cargos en instituciones clave.
